Administración de Justicia y sociedad de la información

“Querida vivimos en una época de cambio, dijo Adán mientras acompañaba a Eva fuera del Paraíso”. William Ralph Ige, Teólogo Británico (1860-1954).

El modelo de gestión de la administración de justicia, desde sus inicios en el siglo XVII hasta nuestros días, ha podido funcionar sin grandes conflictos con la dinámica de nuestras sociedades. Pero esta adecuación relativa ya no será posible en los próximos años.

En la medida en que en las esferas económica, social y cultural continúen expandiéndose los parámetros de celeridad, acceso efectivo, eficiencia, eficacia, simultaneidad e interactividad, se incrementará considerablemente la demanda de que la justicia, entendida como servicio público, integre las técnicas, modelos y herramientas de gestión así como procedimientos que la equiparen a otras dimensiones de la vida social.

Y si pensáramos que en nuestros países esta demanda está lejos de producirse, porque todavía la sociedad de la información no es dominante en los mismos, estaríamos equivocados. Con o sin nuestra anuencia ya estamos ubicados en la sociedad de la información, aunque materialmente sólo una pequeña parte de nuestras actividades prácticas se hayan incorporado a la misma y muy poca de nuestra población esté consciente de ello.

Factores globales nos empujan hacia ella con más velocidad que la que podríamos esperar si nos limitáramos a las demandas internas. Por ejemplo, la seguridad jurídica, la garantía de los procesos económicos en un régimen de derecho, la salvaguarda de los derechos de propiedad, en cualquiera de nuestros países tendrán que adecuarse en formas y criterios, en breve plazo, a los paradigmas que a estos efectos se impongan en las relaciones económicas internacionales.
Nuevas figuras de derecho y nuevas cuestiones doctrinales están surgiendo al amparo de las nuevas realidades económicas y en cualquier capital o ciudad secundaria de iberoamérica se realizan operaciones transnacionales que exigirán nuestra adecuación jurídica si no queremos perder más soberanía que la que supone la globalización actualmente.

Los cambios en los modelos de gestión, la normativa y los procedimientos en alguno de nuestros fueros o materias jurisdiccionales no podrán implementarse sin ir a las dimensiones más profundas en que se sustentan nuestros poderes judiciales.

Así, a la par que se introduzcan modos de actuación, procedimientos y técnicas a la altura de la sociedad de la información en cualquiera de los ámbitos judiciales, se irá produciendo una creciente demanda de su extensión hacia todos los demás, en consonancia con el debido proceso. Esto es lo que postula, implícitamente, la Carta de Derechos de las Personas ante la Justicia en el ámbito Iberoamericano, que acertadamente ha sido adoptada por la Cumbre Judicial.