La función judicial en las sociedades democráticas contemporáneas

La ley se utiliza cada vez más para disciplinar comportamientos y también para adelantar y guiar el desarrollo social y económico, lo que se define como la concepción instrumental y promocional del derecho, entendido como medio activo de cambio social y de gestión de políticas públicas, con el resultado de involucrar también a los tribunales en estas tareas.

El crecimiento cuantitativo de la esfera jurídica va acompañado de un cambio cualitativo. Para afrontar la complejidad de los nuevos sectores de intervención, el legislador recurre a disposiciones generales, que establecen vínculos mucho más débiles que antes con la interpretación y que, de hecho, delegan poder de decisión en el juez. No es raro, además que los objetivos perseguidos se incorporan al texto legislativo, convirtiéndose en auténticas normas de derecho positivo.

Aunque la indicación explícita de la finalidad a alcanzar puede considerarse como un contrapeso del poder delegado al juez, sus consecuencias siguen siendo, sin embargo, la de modificar el estilo de razonamiento jurídico y, especialmente, la lógica que guía las decisiones. Mientras el juez antes era llamado sobre todo a decidir con la mirada vuelta hacía el pasado, hoy se le pide con frecuencia que escoja, respecto a las posibilidades, alternativas que explícitamente se le han dejado abiertas.

De una manera, si se quiere obvia, allí donde hay una ley hay también un juez que en cualquier momento puede verse investido de la tarea de interpretarla y de aplicarla. En realidad, este tema no es nada banal. Como se ha visto, a través de la sentencia un simple enunciado normativo se convierte en una verdadera y auténtica norma de derecho positivo, al menos para las partes implicadas, que están obligadas a respetarlas, y no hay que olvidar que la decisión del juez suele tener consecuencias que van más allá de los intereses normalmente representados en el juicio.

Sobre la base de los cambios que se han generado en el Poder Judicial hasta ahora, queda claro que los límites entre jurisdicción, legislación y administración tienden a diluirse. El hecho de que el juez sea también un legislador es una realidad evidente, aun cuando sólo sea sutilmente por los distintos operadores jurídicos.

Los ámbitos de discrecionalidad de que dispone y las mismas características del procedimiento de decisión le llevan de hecho a participar en la formulación de las políticas públicas. Igualmente, se ha visto que hoy es más difícil distinguir entre jurisdicción y administración, sobre todo en lo que se refiere al impacto producido por las sentencias. Desde este punto de vista, la versión tradicional de la doctrina de la separación de poderes ya sufre una erosión visible.

La importancia social y política de la justicia debe ya computarse entre las características que comparten todas las democracias, aunque se manifiesten en formas diferentes, y sobre todo, con diferente intensidad.

Se trata, sin duda, de un fenómeno ligado a las transformaciones, observable en las ideas y en las actitudes hacia la justicia, pero que está vinculado a la nueva relación entre estado y sociedad, provocada por la decadencia del tradicional laissez-faire y por el rápido desarrollo del estado de bienestar. De manera que es difícil captar a fondo el papel asumido por la justicia sin considerar los entramados institucionales propios de los regímenes democráticos.

En la familia de las democracias existen diferencias significativas en cuanto al modo de ejercer y, sobre todo, de repartir el poder entre los distintos componentes del sistema político. Son diferencias nada secundarias para el discurso que afrontamos, dado que incide sobre la posición del Poder Judicial y sobre el tipo de relaciones que mantienen la magistratura con las otras instituciones.

Para el tema que nos interesa ahora, las democracias comparten en todo caso una característica fundamental: la independencia del juez, o sea, un conjunto de garantías destinadas a asegurar si imparcialidad respecto a las partes en causa y respeto a las otras instituciones políticas, y a proteger las libertades de los ciudadanos. Y la justicia depende también, aunque no sólo, de las garantías que rodean a los que administran.

Asumamos, bajo reserva, los planteamientos de algunos ilustres juristas e historiadores que han planteado que aunque en regímenes autoritarios como los de Trujillo, Franco, Pérez Jiménez o Pinochet, etc., la magistratura ha gozado de “cierta autonomía”, mas o menos acentuada, de la independencia institucional de la magistratura hay que considerar como una de las características propias sólo de las democracias.

Por otra parte, concluyamos que la independencia constituye una condición imprescindible, pero por si sólo no suficiente para tener un poder judicial imparcial